"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
Qué le pediría al nuevo Gobierno...
Por Concha Díaz, presidenta de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas)
24/01/2020
- Avances que nos permitan afianzar y mejorar, por un lado, la protección de los derechos de todas las personas sordas en cualquier ámbito de la vida y, por otro, garantizar adecuadamente los derechos más específicos de la comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos española y de la lengua de signos catalana en tanto que nuestras lenguas son minoritarias y minorizadas, y se encuentran necesitadas de un fuerte respaldo en lo referido a las políticas públicas.
- Máxima diligencia en la dotación de los fondos que suponen la seguridad jurídica y económica de las entidades asociativas que ofrecemos servicios de máxima necesidad para las personas sordas como los que garantizan el ejercicio de los derechos básicos de las personas sordas, servicios que las administraciones públicas no prestan directamente.
- Contar con nuestra organización en el diseño de cualquier política pública que incida tanto en las vidas de las personas sordas como en los derechos de quienes usamos las lenguas de signos en España ¡Nada para las personas sordas sin las personas sordas!
De manera más concreta, en lo que respecta a la protección jurídica de las lenguas de signos españolas, sería necesario reformar la ley 27/2007 donde se reconocen las lenguas de signos en España, de tal modo que, entre otras cosas, se sancione por discriminatoria cualquier actuación dirigida a prohibir o dificultar que las personas sordas aprendamos y nos comuniquemos en lengua de signos española y lengua de signos catalana. Cuestiones ambas vitales para posibilitar el acceso una educación equitativa, inclusiva y de calidad para las personas sordas a lo largo de toda la vida.
Asimismo, ha de hacerse efectiva sin más demora la declaración de las lenguas de signos en España como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, además de reforzarse la protección de la lengua de signos a través de su inclusión en la carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y de manera transversal en cualquier legislación.
Otra medida urgente es asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas sordas a los bienes y servicios a disposición del público, teniendo en cuenta que se trata de un colectivo diverso, con necesidades diversas. Por ejemplo, las mujeres sordas víctimas de violencia machista requieren servicios de atención específicos ya adaptados a su realidad comunicativa, como la plataforma Alba; las personas mayores sordas piden una teleasistencia accesible como la que les ofrece vidAsor, y para cualquier persona sorda que encuentra barreras en su día a día, contar con el servicio de videointepretación en lengua de signos SVisual en todos los servicios públicos de atención a la ciudadanía sería una solución.
De igual modo, la adquisición de ayudas técnicas y prótesis auditivas no ha de verse nunca condicionada por el nivel económico de sus usuarias y usuarios. Aquellos que las necesitan deberían poder acceder a ellas.
En lo que a justicia se refiere, recordamos al Gobierno que se ha de modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los mismos términos que se reformó la ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 2015. Garantizar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos sordos a contar con interpretación en lengua de signos durante todas las instancias del proceso judicial es garantizar su tutela judicial efectiva.
En cuanto el empleo, la inserción, promoción e inclusión laboral de las personas sordas no debe hacerse esperar y para lograrla, entre otras medidas, es importante proporcionarles una formación accesible y contemplar un porcentaje de reserva específico de plazas de empleo público para personas sordas. También lo es la revisión de la normativa de prevención de riesgos laborales que plantee barreras en el acceso al empleo de estas y estos trabajadores y la eliminación de la restricción que tienen las personas sordas para acceder a la obtención de los permisos del grupo 2. Por otro lado, tras varias décadas ejerciendo esta profesión, consideramos que es de justicia reconocer y regular el perfil profesional de las personas sordas especialistas en lengua de signos que desempeñan distintas funciones relativas a la enseñanza y aprendizaje, promoción y difusión, así como asesoramiento en cualquier contexto.
